Autor: Santiago Pedraglio
Lamentable, deplorable, vergonzoso, nefasto... Calificativos similares y de más grueso calibre se repiten en el país a propósito del escándalo de corrupción denunciado por Fernando Rospigliosi en Cuarto poder. Innumerables voces se alzan incluso desde el Parlamento. Sin embargo, si se evalúa qué han hecho sostenida y coherentemente las fuerzas políticas, incluido el oficialismo, en pro de la lucha anticorrupción, la desidia se asoma como única “acción” comprobable. Por eso, por más graves que puedan resultar los hechos revelados, la denuncia que involucra a Rómulo León y a Alberto Quimper –y posiblemente a otros funcionarios de Petroperú y de Perupetro– terminará por constituir un incidente más en la larga lista nacional de escándalos por corrupción. Dicho esto, por supuesto, sin soslayar que deben ser rigurosamente investigados por la Fiscalía y por los jueces.Es difícil encontrar un país que haya tenido la oportunidad de conocer en directo, vía videos y audios, tanta corrupción junta como la que se vio en torno al asesor de Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos. Pero parece que, durante estos últimos años, solo el Ministerio Público y el Poder Judicial han hecho la labor que les toca, enjuiciando y condenando a los implicados en la corruptela de la década de los 90. Esta no ha sido la actuación de los partidos políticos, ni la práctica de los dos últimos gobiernos. En la propia sociedad se agotaron pronto los esfuerzos por crear un movimiento anticorrupción, e incluso se está reinstalando la tradicional permisividad frente al uso privado de los recursos públicos. El patrimonialismo sigue vivo en el país. Aquí y allá subsisten las dificultades para separar la propiedad particular de los recursos públicos, y el acceso a puestos de servicio se sigue considerando una oportunidad para lucrar.El problema es no solo cómo enfrentar este incidente de corrupción, sino cómo fortalecer las instancias de control desde dentro y fuera del Estado. En lugar de incomodarse por la fiscalización de los medios o de la sociedad, el Gobierno debería alentarla para apostar en serio por la transparencia, porque es la mejor forma de reducir la discrecionalidad de los funcionarios públicos y, consiguientemente, las posibilidades de delinquir.La iniciativa de crear la Oficina Nacional Anticorrupción (ONA) terminó produciendo un efecto pernicioso porque, paradójicamente, hizo visible la falta de voluntad política para atacar una de las 'instituciones’ más sólidas y antiguas del país: la corrupción. Está visto que, en esta área, el maquillaje y los gestos publicitarios no solo están de más, sino que terminan por ser un búmeran.
Lamentable, deplorable, vergonzoso, nefasto... Calificativos similares y de más grueso calibre se repiten en el país a propósito del escándalo de corrupción denunciado por Fernando Rospigliosi en Cuarto poder. Innumerables voces se alzan incluso desde el Parlamento. Sin embargo, si se evalúa qué han hecho sostenida y coherentemente las fuerzas políticas, incluido el oficialismo, en pro de la lucha anticorrupción, la desidia se asoma como única “acción” comprobable. Por eso, por más graves que puedan resultar los hechos revelados, la denuncia que involucra a Rómulo León y a Alberto Quimper –y posiblemente a otros funcionarios de Petroperú y de Perupetro– terminará por constituir un incidente más en la larga lista nacional de escándalos por corrupción. Dicho esto, por supuesto, sin soslayar que deben ser rigurosamente investigados por la Fiscalía y por los jueces.Es difícil encontrar un país que haya tenido la oportunidad de conocer en directo, vía videos y audios, tanta corrupción junta como la que se vio en torno al asesor de Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos. Pero parece que, durante estos últimos años, solo el Ministerio Público y el Poder Judicial han hecho la labor que les toca, enjuiciando y condenando a los implicados en la corruptela de la década de los 90. Esta no ha sido la actuación de los partidos políticos, ni la práctica de los dos últimos gobiernos. En la propia sociedad se agotaron pronto los esfuerzos por crear un movimiento anticorrupción, e incluso se está reinstalando la tradicional permisividad frente al uso privado de los recursos públicos. El patrimonialismo sigue vivo en el país. Aquí y allá subsisten las dificultades para separar la propiedad particular de los recursos públicos, y el acceso a puestos de servicio se sigue considerando una oportunidad para lucrar.El problema es no solo cómo enfrentar este incidente de corrupción, sino cómo fortalecer las instancias de control desde dentro y fuera del Estado. En lugar de incomodarse por la fiscalización de los medios o de la sociedad, el Gobierno debería alentarla para apostar en serio por la transparencia, porque es la mejor forma de reducir la discrecionalidad de los funcionarios públicos y, consiguientemente, las posibilidades de delinquir.La iniciativa de crear la Oficina Nacional Anticorrupción (ONA) terminó produciendo un efecto pernicioso porque, paradójicamente, hizo visible la falta de voluntad política para atacar una de las 'instituciones’ más sólidas y antiguas del país: la corrupción. Está visto que, en esta área, el maquillaje y los gestos publicitarios no solo están de más, sino que terminan por ser un búmeran.
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